Gracias Presidente.
Hoy me voy a referir a un tema que considero de vital importancia para el país: el proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad, que fue aprobado en Diputados y está en tratamiento en el Senado.
Presidente, cada vez que este tema se expone a la opinión pública, no sé si por limitaciones propias o méritos ajenos, se presenta como un gran embrollo, aparecen opiniones encontradas de constitucionalistas respaldadas por memorias y desmemorias de actores políticos, algunos convencidos y otros oportunistas. Por esta razón intentaré ser muy sencilla en el análisis, que por cierto es político.
En las dictaduras hay gente que va presa, muchos son torturados, otros marchan al exilio y también hay asesinados, pero en las últimas dictaduras latinoamericanas se agregaron los desaparecidos. Que sabemos que están muertos, que fueron asesinados, pero como los responsables no nos dicen lo que sucedió y dónde están los restos, siguen siendo desaparecidos.
Nunca hubo, no hay ni habrá argumentos para admitir estos crímenes, son crímenes de lesa humanidad. Pero por esos vericuetos que tiene la política, una noche de diciembre del '86 en el Palacio de mármol, se votó a las apuradas esta ley que protege a los violadores de los DDHH. Digámoslo claro, la ley de Caducidad tiene como objetivo que los militares y policías que cometieron delitos no puedan ser juzgados y condenados como lo sería cualquier otra persona en igual circunstancia. Por eso decimos que esta ley "ata", subordina al Poder Judicial, que debe pedirle permiso al Poder Ejecutivo para actuar. Éste es el verdadero objetivo de la ley, por lo tanto quien la defienda está obstaculizando la búsqueda de la verdad y el libre proceder de la Justicia.
Es verdad que este es el tercer intento de deshacernos de esta ley, también es verdad que esta ley es inconstitucional. No lo decimos desde el Frente Amplio o los Organismos de DDHH, lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia en octubre del 2009, en sentencia del caso de asesinato de Nibia Sabalsagaray, textualmente dice: "El rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de dar cobertura de constitucionalidad en una norma legal viciada ab origine por transgredir principios consagrados en la Carta Constitucional", y hace pocos días volvió a fallar a favor una sentencia de inconstitucionalidad de 20 casos de delitos de lesa humanidad.
Es probable, como sostienen varios constitucionalistas, que la acumulación de sentencias de la Suprema Corte en este sentido hagan caducar esta ley.
También es inminente que la Corte Intramericana de DDHH se expida en el caso Gelman, donde se argumenta que la ley de Caducidad impide la verdadera investigación por el secuestro y desaparición de María Claudia García, y falle en contra del Estado uruguayo por violentar la legislación internacional. Como país, cuando suscribimos Tratados Internacionales lo hacemos para ampararnos y también respetarlos.
Pero sería bueno, que sea el Parlamento el que subsane su propio error de sancionar esta ley indigna y libere a la Nación de este oprobio.
El Estado uruguayo tiene, no sólo que permitirles, sino ayudar a Adriana Cabrera, Martina Callaba... y 40 jóvenes más, a conocer el destino de sus padres, que sepan quiénes los mataron, cuándo los mataron y dónde están sus restos.
Pero es la sociedad toda la que tiene que abolir la impunidad, la que reafirme que no hay más lugar para el autoritarismo, que en democracia se sanciona la violación a los DDHH.
El Frente Amplio impulsa este proyecto como lo ha hecho en instancias anteriores, y si por alguna miseria no prosperase, tenga la seguridad que seguiremos buscando por medios pacíficos la VERDAD Y LA JUSTICIA.
Quisiera que mis palabras sean enviadas como apoyo a la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y también a la Cámara de Senadores.
Gracias.
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